Mientras que para el Gobierno el uso de Internet es un lujo, para las universidades es un recurso vital de investigación e intercambio informativo. El Instructivo Presidencial para la Eliminación del Gasto Suntuario o Superfluo en el Sector Público Nacional, publicado en Gaceta Oficial el 25 de marzo, establece en su artículo 2 la restricción del uso de Internet de no haber previa autorización del vicepresidente ejecutivo y una exposición demotivos que justifique su aprobación presupuestaria.

En función de ello, el director del Consejo de Computación Académica de la Universidad de Los Andes, Luis Núñez, indicó que los proyectos universitarios fundamentados en el uso de la web pueden verse afectados por el recorte de 6,7% decretado al sistema público de educación superior.

"Nos preocupa que se considere el uso de Internet como gasto suntuario y que se compare con la compra de carros o con festejos. La manera como la academia funciona es a través de bibliotecas, bases de datos e información. Eso se va a ver limitado y traerá como consecuencia que se nos cercene nuestra capacidad de vincularnos al mundo", dijo.

Curiosamente, toda la actividad en tecnología de información de la ULA está presupuestada en el orden de 500.000 bolívares fuertes, lo que representa menos de 1% del presupuesto total de la universidad.

El director del Consejo de Computación Académica de la ULA también expresó que existe un contrasentido entre lo que plantea el Gobierno y sus acciones. "No puede ser que un gobierno que ha impulsado el uso de Internet por todos los caminos, hasta para sacar un pasaporte o declarar el impuesto sobre la renta, se le deba pedir autorización para usar Internet en las casas de estudio", opinó Núñez.

La ULA, la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Simón Bolívar participan en convenios internacionales que se basan en el uso de Internet, como son los casos del proyecto de Computación Cooperativa y el de la Comunidad de Físicos de Venezuela que se lleva a cabo en Ginebra. A propósito, Núñez expresó que la ciencia funciona de manera global y que no hay comunidades científicas aisladas, pero que con el decreto se les coloca una inmensa traba.

Otras universidades también comienzan a sentir los estragos del recorte en materia de información y tecnología. El rector de la Universidad Simón Bolívar, Benjamín Sharifker, señaló que dicha universidad tuvo que reducir a la mitad el monto en bolívares dedicado a cubrir los costos de Internet por lo que queda de año y que esto implicará tener la mitad de manejo de información.

"No tiene sentido hacer investigaciones sin acceso a la información. En la USB tenemos una gran cantidad de proyectos a través de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación y muchos dependen del flujo de información. Esperamos que no se burocratice el acceso", agregó.

Además Sharifker explicó que suprimieron 100% de compras de equipos y la adquisición de revistas electrónicas porque no les alcanza el presupuesto.

Aclaratoria del alcance. Aún hay dudas sobre qué son gastos suntuarios o lujosos para las universidades. Las misiones oficiales al exterior, las publicaciones científicas, la adquisición de plataformas tecnológicas y el financiamiento de cursos de capacitación quedan en un limbo sin especificación.

Entre las medidas que tomó la ULA para esclarecer el tema, Núñez explicó que están enviando comunicaciones a todas las instancias del Gobierno, a través del comité Educativo del Centro Nacional de Innovación Tecnológica, para que evalúen el alcance de la medida e indiquen si realmente las actividades antes mencionadas se verán afectadas.

En consecuencia, la aplicación estricta del instructivo sobre gastos suntuarios sumaría al recorte presupuestario ordenado por la Oficina de Planificación del Sector Universitario efectos negativos en el desempeño de las labores de docencia, investigación y extensión.

Asimismo, en el caso de la ULA, de no esclarecerse a qué afectará la reducción, los recursos producidos por las unidades generadoras de ingresos propios quedarían disminuidos y su ejecución en términos distintos a los pactados podría provocar demandas a la universidad por incumplimiento y poner en riesgo los intereses patrimoniales de la institución y de la nación, ya que muchos proyectos son generados para organismos del Estado.