Consejo Universitario ha facilitado a organismos de seguridad ingreso a las áreas comunes de las “Domingo Salazar”


***Para salvaguardar el orden público, la policía puede actuar en los estacionamientos, zonas verdes y caminerías de esas residencias

Desde marzo del año 2007, los organismos de seguridad del estado Mérida y cualquier instancia oficial que lo requiera, tienen “abiertos al libre acceso y circulación las áreas de uso común” de las residencias estudiantiles  de la Universidad de Los Andes “Domingo Salazar”, de acuerdo a una resolución aprobada por el Consejo Universitario, durante la gestión del rector y hoy Alcalde de Mérida, Léster Rodríguez.

En consecuencia -señala la misma resolución- “corresponde así la vigilancia de las mismas a las autoridades nacionales y locales para salvaguardar y garantizar el orden público y la seguridad de las personas y sus bienes, sin menoscabo de la autonomía universitaria”.

Dicha resolución derivó de un informe del equipo rectoral de entonces, sobre la “comisión o realización de actos ilícitos cometidos en el recinto de las mencionadas residencias”.

Así lo aclaró la profesora Nancy Rivas de Prado, actual directora de Relaciones Interinstitucionales, y quien para esa fecha tenía el cargo de Secretaria de la ULA, al consultarla sobre los hechos de violencia que se han suscitado en las referidas residencias.

En ese sentido  recordó que el contenido de la resolución fue notificado a las autoridades competentes, y remitido, entre otros, al Ministro de Relaciones Interiores y Justicia, al Gobernador del Estado Mérida, a todas las autoridades rectorales, al Fiscal Superior del Ministerio Público en Mérida, al Comandante de la Policía de Mérida, al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, a la Dirección de Vigilancia de la ULA y a la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Gobernación del Estado Mérida.

“Para entonces se habían recibido numerosas quejas sobre hechos violentos tanto de la comunidad universitaria y merideña que tenía que trasladarse hacia La Hechicera, como de las propias personas que viven en sectores aledaños y en las propias residencias. El rector de entonces, Léster Rodríguez, autorizó a las autoridades competentes para  ingresar a las residencias a los fines de resguardar el orden público y el Consejo Universitario aprobó el proyecto de resolución”.

Nancy Rivas de Prado fue muy clara al especificar que según la resolución, “las autoridades competentes no pueden, en ningún momento, ingresar a edificios ni a los apartamentos donde residen los estudiantes, porque la prioridad es salvaguardar la seguridad de los jóvenes, que en su mayoría son excelentes estudiantes, pero si tienen libre acceso y circulación a las áreas de uso común, es decir, los estacionamientos, caminerías, zonas verdes y otras zonas de uso común”.

En la actualidad, puntualizó, pareciera que no se ha tomado en cuenta esta resolución cuando las autoridades deban actuar en nuevos hechos de violencia.  “No sé si el actual Gobernador del Estado tenga y conozca sobre este decreto. En todo caso, habrá que enviárselo de nuevo para que se informe sobre el contenido y alcance de esta resolución vigente del Consejo Universitario”, concluyó la ex secretaria de la ULA.

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