La situación de las políticas de admisión estudiantil en las distintas universidades del país se ha mantenido latente, aún cuando el pasado mes de enero, el anterior director de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), Antonio Castejón, anunció en rueda de prensa la situación referida a las políticas de ingreso a la educación superior en el 2010. En esta rueda de prensa exhortó a las universidades que están haciendo llamado a pruebas internas que no lo sigan haciendo, pues el Estado no puede garantizar a los estudiantes su inscripción.

Al respecto,  José María Andérez, secretario de la ULA, manifestó que “es conveniente comunicarle a la comunidad, que de acuerdo con lo que hemos venido haciendo desde el año 2008 y hasta la presente fecha, hay una comisión en donde hay representación del Ministerio de Educación Superior, de la OPSU y del núcleo de secretarios de las distintas universidades del país, que vienen trabajando en un mecanismo de admisión consensuado entre las universidades y el gobierno. Es del conocimiento público y además es notorio que los procesos de asignación de la OPSU no han sido eficientes, apenas el 50% de aquellas personas que ellos seleccionan se presentan a la admisión en las universidades nacionales, sobre todo en las universidades grandes y el otro 50%, hay que buscarlo y hacerles llamados para que participen en el segundo proceso en la ejecución de la lista de cola”.

Para que el proceso de admisión a la educación superior sea eficiente, las universidades tienen que participar de una manera diferente a como lo está viendo el gobierno dentro de la Ley Orgánica de Educación, adicionalmente se ha demostrado, en las reuniones de secretarios, que el proceso que utiliza la OPSU no es completamente auditable, pues se han recibido denuncias por parte de estudiantes que provienen de liceos privados y tienen altísimos promedios, que no aparecen en el listado de la OPSU. Hasta que ese proceso no sea completamente auditable, sea justo y además cumpla con los parámetros para los cuales se está buscando eliminar la exclusión e incrementar el número de cupos que va para la Universidad venezolana, no debería el gobierno tomar en sus manos el proceso de admisión, señaló el profesor Andérez.

Hay otros indicadores que son preocupantes y deben llamar la atención del gobierno, como es el caso de la Universidad Simón Bolívar, donde se han realizado estudios para conocer cómo es el rendimiento de los estudiantes asignados por la OPSU y lo han comparado con el rendimiento de los estudiantes admitidos a través de las diferentes pruebas internas que realizan las universidades. En las áreas de las ciencias duras, las diferencias son considerables, los promedios de notas son bajísimos y el rendimiento en las materias difíciles como física, química, matemática y biología, por ejemplo, es sustancialmente inferior a aquellos que ingresan por los cursos introductorios universitarios y por las pruebas de selección. En la Universidad de Los Andes se han realizado algunos muestreos que corroboran esa situación, por lo que es notorio que el rendimiento de todo el sistema de educación media, ha venido bajando en los últimos 15 años de manera alarmante.

En la Universidad de Los Andes la matrícula estudiantil se ha incrementado en los últimos 4 años a una tasa interanual de aproximadamente 10%, contando en este momento la universidad con un aproximado de 50 mil estudiantes, concluyó el profesor Andérez.

“Esto quiere decir que hemos sido sensibles a la realidad social venezolana, donde más estudiantes quieren ingresar a la ULA, sin embargo, la capacidad de las universidades nacionales tienen un límite. Si el gobierno nacional tomase en sus manos completamente el mecanismo de admisión y además decidiera sobre el número de estudiantes que pueden ingresar al sistema de educación superior, este colapsaría. Por lo tanto, se requiere que las partes se sienten a conversar y lleguen a un consenso en esta materia”.