Bonucci pide cese a campaña de desprestigio en contra de universidades autónomas

Fondos de Jubilaciones de la ULA tienen una historia de transparencia

**La Universidad de Los Andes (ULA) respondió mediante una rueda de prensa al ministro del poder popular para la educación universitaria, Edgardo Ramírez, luego de que solicitara ante la Fiscalía General de la República, la apertura de un procedimiento investigativo, acusando a algunas universidades de una supuesta acción irregular cometida en contra del patrimonio público, específicamente en lo relacionado con los fondos de jubilaciones y pensiones del personal obrero, administrativo y docente de estas instituciones.

La rueda de prensa, que duró aproximadamente 40 minutos y fue transmitida en vivo por todos los medios universitarios, estuvo encabezada por el rector Mario Bonucci Rossini, quien inició su intervención haciendo un repaso a los últimos hechos que han tenido lugar con relación a los fondos de jubilaciones y pensiones, que en el caso de la universidad son el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Personal Docente y de Investigación de la ULA (Fonprula) y el Fondo de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores de la ULA (Fonjutraula).

En ese sentido relató que el 13 de mayo en el Consejo Nacional de Universidades (CNU) el ministro Edgardo Ramirez indicó que “iba a acabar con las mafias imperantes en los fondos de jubilaciones sin explicar en detalle qué es lo que estaba ocurriendo”, por lo cual lo que se vive actualmente es catalogado por Mario Bonucci como “la crónica de una muerte anunciada”, informando que allí el Ministro hizo propuestas que atentan contra el funcionamiento de algunos fondos eficientes, por lo que salvó su voto. Dos meses después el ministro Ramírez informó nuevamente en el CNU que va a retener los aportes institucionales tanto de los activos como de los jubilados a los fondos de jubilaciones de todas las instituciones de educación superior, terminando con la denuncia ante la Fiscalía  y la Defensoría del Pueblo.

Acciones contra la Averu

El Rector de la ULA estima que las acciones poseen un sesgo, dado que están dirigidas únicamente en contra de las universidades que integran la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (Averu), es decir: Universidad Central de Venezuela (UCV), Universidad de Oriente (UDO), La Universidad del Zulia (LUZ), Universidad de Carabobo (UC), Universidad Simón Bolívar (USB), Universidad Nacional Abierta (UNA), Universidad Nacional Experimental Politécnica (Unexpo), Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (Ucla), Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Upel), Universidad Nacional Experimental del Táchira (Unet) y la Universidad de Los Andes (ULA), todas con rectores emanados de elección popular.
 
Por esta razón, Bonucci hizo un llamado al Ministro para que cese la campaña de desprestigio en contra de las universidades autónomas y centre sus esfuerzos en la creación de un ambiente de diálogo entre todos los sectores, labor para la cual las universidades autónomas y la Averu están preparadas, exigiendo además respuestas sobre la repetición presupuestaria iniciada hace 4 años, la negativa de aprobar los créditos adicionales necesarios o los pagos de las deudas con toda la comunidad universitaria venezolana.

Fondos no pueden cubrir jubilaciones

En cuanto a las acusaciones de profesores que han muerto sin cobrar su jubilación, el Rector dijo no entender, ya que la Universidad paga este compromiso con el dinero que envía el Estado, con la contribución de un pequeño porcentaje del fondo de jubilaciones, el cual en el caso de la ULA posee ingresos mensuales por el orden del millón de Bolívares Fuertes, mientras que la nómina de profesores jubilados es de 22 millones.
 
Los fondos aportan dinero para contribuir con el pago de jubilaciones y pensiones, cediendo un 30% de sus ganancias operativas a la partida centralizada 407 de transferencia, con la cual se pagan pensiones y jubilaciones, “como ex vicerrector administrativo se la pulcritud con la que se maneja el dinero transferido directamente a la 407, así como sobre el manejo de los fondos y su dinero”, resaltó Bonucci.

En cuanto a los aportes al Instituto de Previsión del Profesorado (IPP), el Rector expresó que “en la ULA los fondos cumplen además una labor social que es obligación del Ejecutivo Nacional, pues cuando leemos el Art. 114 de la Ley de Universidades vigente encontramos que las universidades deben protección a los miembros de su personal docente y de investigación y procurarán por todos los medios su bienestar y mejoramiento”, expresó Mario Bonucci, acotando que es precisamente el gobierno central quien está obligado a suministrar presupuesto a las universidades.

“La ley establece que el gobierno tiene que ayudar a los universitarios, el fondo está entonces cumpliendo una función que el gobierno no ha cumplido”, razón por la cual éste pude buscar mecanismos para mejorar su rendimiento y su rentabilidad, mediante acciones como colocación en bancos, préstamos o inversiones en inmuebles, sobre todo teniendo en cuenta que el seguro de HCM de los profesores es de 6mil BsF.

¿Mal asesorado?

Mario Bonucci dijo entender que todo esto era producto de un mal asesoramiento al Ministro, pues al creer que el Fondo puede pagar las jubilaciones desconoce la realidad, recordando que tanto el Ministro como el Director anterior de la Opsu crearon una comisión para analizar la situación de los fondos de jubilaciones, donde el ex director de Opsu, Antonio Castejón, creó un documento donde afirmaba que no estaba planteada, bajo ningún aspecto, la eliminación de los fondos, sin embargo, todo esto fue desconocido por Edgardo Ramírez.

No obstante, el presidente de la Asociación de Profesores de la ULA (Apula), Luis Loaiza, dijo no creer en “la tesis del mal asesoramiento”, pues a su juicio hay un propósito sistemático de acabar con la estructura universitaria autónoma en Venezuela, siendo éste un paso más hacia el objetivo. Loaiza además recordó que los lineamientos para la constitución de los fondos fueron establecidos por el CNU, cuyo director es el MPPEU, por tanto si se han cometido irregularidades se han hecho con la anuencia del CNU y de su presidente, afirmó, destacando que “si un universitario sale preso por el manejo de los fondos también deben ir presos los anteriores ministros de educación y directores de Opsu, porque ellos han permitido que se desvíe o se cometa una irregularidad”.

La acción comienza con el ejemplo

El Presidente de Apula continuó afirmando que “ni el Ministro ni el gobierno en general tienen autoridad para hablar de lucha contra corrupción”, forma como ha presentado su acción Edgardo Ramírez, “pues los venezolanos son testigos de escándalos mayúsculos de corrupción como la pérdida de miles de toneladas de alimentos y ni siquiera en la AN se han dispuesto a hacer una investigación para fijar responsabilidades”, agregando que “un gobierno coherente en esta lucha estaría metiendo presos a sus propios corruptos y a los generadores de toda la pérdida patrimonial que ha sufrido el país”.

Finalmente, Loaiza afirmó que si el Ministro desea reivindicar los derechos de los universitarios podría comenzar por cancelar todas las deudas que el Ejecutivo ha desconocido durante más de una década y actualizar los salarios, expresando finalmente su respaldo y el de la Apula a la directiva presente y pasada de Fonprula, “porque estamos orgullosos de que se haya hecho un manejo tan transparente y socialmente útil como el que han mostrado”.

Hablan los representantes de los fondos

Por su parte presidente de Fonprula, Jesús Leo Contreras, dijo estar de acuerdo con el Ministro en cuanto a la lucha por los derechos y los intereses de los profesores, sin embargo, esta afirmación le resulta incongruente con las acciones, pues eliminar los fondos y la previsión social no redundará en una mejor calidad de vida, afirmación que extendió hasta la supuesta corrupción, “¿quién como universitario no estaría de acuerdo con combatir la corrupción? Pero es que acá no hay ningún caso”, destacando que para evitarlo hay un Consejo de Vigilancia, 10 memorias y cuentas presentadas con pulcritud a Apula y su seccional de jubilados, al Consejo Universitario y al Juez de Primera Instancia en lo Civil de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida. 

 

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