El profesor Alfonso Sánchez, Vicerrector-Decano de la Universidad de Los Andes Núcleo Universitario “Dr. Pedro Rincón Gutiérrez-Táchira, fijó posición sobre el nuevo sistema de admisión estudiantil impuesto por el Ejecutivo Nacional para las instituciones de Educación Superior, al afirmar que sin duda las universidades tienen un compromiso social, a los fines de ayudar a elevar la calidad de vida de las personas, brindando ofertas académicas. No obstante, estos procesos deben darse teniendo como premisa la calidad educativa y para ello, se tienen que responder a una serie de condiciones que garanticen la eficacia y eficiencia en los procesos.  Detalló que a todas luces, este Programa impuesto por el Ejecutivo Nacional, contraviene el principio de Autonomía Universitaria reconocida en el Artículo 109 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; así como también, la vigente Ley de Universidades, específicamente, en el contenido descrito en el  numeral 6 del Artículo 20 y el numeral 9 del Artículo 26. 

Al realizar un análisis minucioso sobre el tema, el Vicerrector-Decano de la institución dijo que todo sistema de Admisión Estudiantil, debe estar basado en el principio de la “equidad y justicia social”, empero, de nada vale implementar un proceso de masificación, si no se cuenta con los recursos académicos y administrativos para ejecutarlos y obtener el producto deseado, es decir, profesionales de calidad, críticos, irreverentes y competentes para participar activamente en el desarrollo y defensa del País.

Fue enfático el profesor Alfonso Sánchez al afirmar que el Estado Venezolano es el ente garante de la política educativa del país, y por tanto, sus planes y proyectos  deben traducirse en responsabilidad académica y administrativa, por lo cual, cualquier decisión de “cambiar” el sistema  de admisión para las Universidades pasa por revisar las garantías académicas -- la cual debe ser consensuada con las Universidades--  teniendo siempre presente las garantías administrativas.

Profundizando sobre el tema de las garantías administrativas, el Profesor Universitario precisó que esos indicadores, garantes de cualquier “cambio” tienen que ser reales y tangibles, y para ello se debe contar con un presupuesto real y adecuado. “Sí el Ejecutivo Nacional tiene la certera voluntad de ampliar y mejorar la oferta de cupos universitarios en el País, debería de empezar reconociendo que el presupuesto asignado a nuestras Universidades Autónomas es insuficiente, y aunado a ello, lograr mejorar la calidad de la enseñanza pasa por garantizar que se pueda disfrutar de mejores derechos académicos los cuales permitan elevar la capacidad científico-técnico de las instituciones universitarias, esto implica otorgar un mejor presupuesto para todas las universidades del País”.

De acuerdo con el profesor Alfonso Sánchez, los anteriores indicadores  descritos son los que  deben considerarse a mediano y largo plazo para poder valorar la calidad y responsabilidad del Estado venezolano, y las Universidades, “cualquier intensión que no sea consensuada, pasa por ser oferta engañosa y populista venga de donde venga”.

ULA fiel a los principios de igualdad y equidad

El profesor Alfonso Sánchez, analizando el planteamiento del Gobierno Nacional sobre el sistema de Admisión impuesto por el Gobierno Nacional, recordó que ellos arguyen que el tradicional sistema de Admisión Estudiantil de las Universidades Autónomas es excluyente, puesto que “según ellos, con ese proceso se niega a los jóvenes la posibilidad de acceso a la educación universitaria; toda vez que, está basado en  los resultados que den las pruebas de admisión y el rendimiento académico que los estudiantes obtuvieron en la etapa de Educación Media, ante lo cual, aseguran que de esta manera no se cumple el principio social de la equidad que conlleve a la masificación en el ingreso”.

Sobre el anterior planteamiento explicó el Vicerrector-Decano  que  no está ajustado a la realidad, pues la Universidad tiene un sistema de admisión valorado y en ejecución durante muchos años, con indicadores y cuantificadores; el caso de la ULA está definido en su normativa que el 70% lo administra la institución con sus indicadores establecidos (PINA, Alto Rendimiento, Programa Social Fray Ramos de Lora, Atletas de Alto rendimiento, Artistas de Destacada Trayectoria y Etnias) y el 30%  el criterio de la OPSU-Ejecutivo Nacional.

Ante lo cual argumentó el Profesor Alfonso Sánchez que “podemos pensar que esta distribución no es perfecta, es posible que tengan  algunas debilidades, no obstante, pretender sustituirla de un plumazo, sin valorar los indicadores que han determinado la productividad, es una postura ególatra y poco inteligente, toda vez que, en la ULA se forman estudiantes provenientes de todos los sectores sociales; de hecho, estudios realizados demuestran que la mayor cantidad de alumnos se concentran en los sectores III y IV (medio, medio profesional y medio bajo), provenientes de planteles públicos”.

Agregó, además, que los mecanismos internos prioritarios de selección para el ingreso a la ULA son aquellos que evalúan las capacidades, aptitudes y vocación sin distingo ni perjuicio alguno, con lo que se ofrece a los aspirantes la oportunidad de formarse y contar con los conocimientos que le garanticen la prosecución y el egreso exitoso para enfrentar las necesidades del mercado laboral. 

Es por ello que, asevera el profesor Alfonso Sánchez que “en todo caso es este sistema recientemente impuesto por el Gobierno el que sí debe ser calificado como verdaderamente excluyente y discriminatorio, en el entendido de que, a partir de variables equívocas se determina que los alumnos procedentes de unidades educativas privadas, aun cuando tienen altos promedios académicos (incluso con 19 y 20 puntos), no reúnen los requisitos para cursar estudios universitarios, tan sólo por no estar en los estándares establecidos en el perfil socioeconómico del sistema”.  Agregó que de acuerdo con su criterio, las variables utilizadas no están claras, por lo que aplican la lógica difusa que trabaja con información inexacta, conceptos ambiguos e imprecisos, lo que no garantiza la confiabilidad y el ajuste de las variables.

En consecuencia, el Profesor  fue enfático al afirmar que “no se puede enlodar a la juventud hablándole de masificación con calidad y beneficio social, cuando se presentan indicadores  'impuestos' sin la visión y consideración de todos los actores del proceso, y menos con indicadores perversos y excluyentes de la calidad  y derecho que tienen todos los jóvenes de la Patria de decidir dónde y qué estudiar”.

Como académicos, dijo el Profesor Universitario estar convencido que la mejor inversión  para el progreso de los pueblos debe estar enmarcada en la educación, y el acceso de todos al sistema universitario, siempre y cuando, se haga basados en los principios de calidad, y no en detrimento del rendimiento académico,  “evidentemente, el Programa de admisión impuesto por el Gobierno Nacional, es una metodología irresponsable, la cual impone la condición socioeconómica y populista sobre elementos tan importantes como la calidad y la eficiencia en la educación”.  

Argumentó el Profesor, que la sociedad amerita procesos de inclusión, donde todos tengan oportunidades de progresar, pero para ello, se deben crear planes y estrategias orientadas a potenciar las capacidades académicas del aspirante. Al tiempo que, corresponde hacer métodos y programas producto del consenso, y no de tener como cimiento la imposición.

Por otra parte, existen indicadores que el Gobierno y las universidades deben valorar y acordar para minimizar los recursos y garantizar la calidad, indicadores que den respuesta a interrogantes elementales como qué está pasando en la Educación Básica, Media y Diversificada, por qué tanta deserción y baja formación de los estudiantes al llegar a la Universidad; qué debe hacer el Estado venezolano, qué deben hacer las universidades, cómo debe construirse ese puente  para llegar a la Universidad y no fallar en el intento.

En lo que respecta al criterio impuesto sin consulta, “no se puede hablar y engañar diciendo que con los indicadores presentados se está dando mayor participación e incremento a la matrícula, eso no es verdad, lo que plantea el Gobierno es asumir la asignación del 100% de la matrícula que tiene como capacidad instalada la universidad, pero con un Programa que dista mucho del Sistema de Admisión, donde se sustituye un grupo de estudiantes con un indicador de 'Alto rendimiento', por otros con menores indicadores de Rendimiento”.

De igual manera, el Vicerrector-Decano exhortó al Gobierno Nacional a sincerar la situación presupuestaria de las universidades que a pesar de ser cuna y esencia para el desarrollo del País, ha sido blanco de intereses mezquinos a partir de los cuales se  ha pretendido mancillarla en sus principios, ante lo cual agregó que “debemos exigir al Gobierno que cumpla con la obligación que tiene de asignar un  presupuesto acorde con la misión de la universidad, y no como lo ha venido ejecutando de manera deficitaria, y cada vez más reducido y disminuido; por tal motivo, masificar, sin dar respuesta a las necesidades urgentes de las universidades autónomas, es verdaderamente, una imposición arbitraria e irresponsable”.

El profesor Alfonso Sánchez  en sus análisis acota que cabe plantearse preguntas inherentes al tema, y estudiar si cumplir eso, es inclusión con calidad o sustitución con perversidad. “No niego que todos tienen derecho a la Educación, pero hay que definir con respeto y amplitud la participación. Un gobierno que se vocifera democrático, debe garantizar las condiciones académicas – administrativas para ofrecer oportunidades         'para todos' de una formación con calidad”.

Para el profesor Alfonso Sánchez,  este es un fiel reflejo de querer mancillar en sus valores y principios a la Universidad; por ello, tanto en lo interno de la institución como también en la comunidad en general, debe entenderse la importancia de defender la Autonomía, como un medio para desarrollar las actividades de docencia, extensión, investigación y gerencia, con la sagrada y responsable tarea institucional, por lo cual, dijo que “se precisaba exigir al Gobierno Nacional respecto a la Autonomía Universitaria y el reconocimiento a las decisiones y competencias exclusivas de los Consejos Universitarios. Al tiempo que, se precisa informar a la comunidad académica y a la sociedad venezolana sobre las consecuencias académicas y sociales de las decisiones unilaterales que ha tomado el Ejecutivo Nacional en materia de Ingreso a las Universidades, en el entendido que, la Autonomía y la calidad son principios fundamentales e irrenunciables, por lo tanto, es un deber cumplirlos y defenderlos”.

Puntualizó el profesor Alfonso Sánchez afirmando que, “la inclusión y la calidad no son elementos dicotómicos, y se está consciente de que es posible trabajar en una ampliación de la población estudiantil, empero, sin descuidar la calidad y siempre que se garanticen condiciones académicas y sociales. De igual manera, es inaceptable el ingreso masificado sin exigencias académicas, puesto que ello, contraviene la verdadera misión de la universidad”.

Concluyó el Profesor Alfonso Sánchez, afirmando que “los universitarios estamos prestos a asumir la propuesta del Ejecutivo Nacional de ingreso de los jóvenes en igualdad de condiciones y de oportunidades, sin discriminación sociales, étnicas o físicas; pero para ello, se requiere que con veracidad y objetividad se asignen los recursos necesarios y obligatorios en todos los ámbitos para poder dar respuesta a los bachilleres que se acercan a las puertas de la Universidad en busca de un derecho y oportunidad para formarse como profesionales al servicio del país, de lo contrario sería una oferta engañosa”. (Prensa Vicerrectorado ULA-Táchira/Ana María Zambrano/CNP.11.277)