Pronunciamiento público ante la escalada de violencia contra la ULA (Comunicado)

El Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes, en uso de las atribuciones legales que le confiere el numeral 20 del Artículo 26 de la Ley de Universidades, realiza el siguiente pronunciamiento:

PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO PARA DENUNCIAR Y FIJAR POSICIÓN FRENTE A LA ESCALADA DE VIOLENCIA CONTRA LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

El Consejo Universitario, en su sesión extraordinaria de fecha 08.03.2017, acordó emitir un pronunciamiento público, ante la comunidad universitaria y emeritense en general, para denunciar y fijar posición frente a la serie de actos de violencia de que ha sido objeto la Universidad de Los Andes, especialmente en los últimos meses. La denuncia se fundamenta en la convicción de que mediante tales actos violentos, -que constituyen una escalada de atropellos, abusos, desórdenes, injusticias, terror, intimidación, amenazas, infamias, ilegalidades, entre otros, infligidos contra esta institución bicentenaria por vías de hecho o mediante subterfugios jurídicos, y por tanto mediante acciones infundadas legalmente-, se ha pretendido socavar la institucionalidad universitaria para generar situaciones de caos, desestabilización, anomia e ingobernabilidad y así impedir o entorpecer el cumplimiento de sus funciones esenciales de docencia, investigación y extensión. Impiden, además, estas deleznables acciones, la protección física de los miembros de la comunidad universitaria, así como el resguardo de los bienes muebles e inmuebles propiedad de la universidad y de sus usuarios, por cuanto que quienes han usado y ejercido la violencia contra la ULA, en los casos que se mencionarán más adelante, están amparados por las armas, por el uso de capuchas y por la inacción de los cuerpos de seguridad del Estado, toda vez que los funcionarios judiciales  a quienes les compete la seguridad y el orden público, a pesar de ser actos y hechos que han vulnerado la Ley y los derechos de los ciudadanos de notorio conocimiento público y comunicacional, no han cumplido con el deber de garantizar el resguardo de la sociedad y la búsqueda del Bien Común como pretensión esencial de todo Estado de Derecho y, por ende, de los funcionarios a quienes se les encomienda tal responsabilidad.

Es importante reiterar que el nivel de la violencia ha ido en aumento constante sobre todo en los últimos meses, cuando la Universidad de Los Andes ha sido víctima de acciones violentas como las siguientes:

  • El día martes 14 de febrero del corriente, un grupo de violentos anti-universitarios, en un acto de desconocimiento a la autonomía universitaria y, por tanto, a las vías institucionales, atacó y asaltó la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y a la profesora Aura Morillo, en su condición de Decana legítima y legalmente nombrada por el Consejo Universitario. En este indigno hecho se perpetraron agresiones a varias damas y se dañó el patrimonio de la Universidad de Los Andes; 
  • El 21 de febrero fue quemado el portal de entrada del Núcleo Universitario “Dr. Pedro Rincón Gutiérrez” del Táchira, sin que hubiere ninguna acción de las fuerzas de seguridad del Estado para sofocar las llamas;
  • Igualmente, el 21 de febrero, grupos violentos intentaron incendiar el Decanato del Núcleo Universitario “Rafael Rangel” de Trujillo con el personal administrativo dentro del mismo, con igual omisión de parte de los organismos encargados de impedir y limitar tales acciones violentas;
  • Desde el jueves 22  hasta el martes 28 de febrero, durante las Ferias del Sol, las fuerzas de seguridad pública del Estado Mérida no impidieron, muy al contrario, permitieron la toma de los espacios del Campus “Liria” por grupos violentos, quienes procedieron a utilizarlos para alquilarlos como estacionamientos; espacios en los que se permitió la consumación de diferentes delitos aun cuando la Alcaldía del Municipio Libertador había decretado formalmente la prohibición expresa de circulación del tránsito por la zona y el Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes, de manera unánime, se acogió a la misma y, para sus efectos, dirigió peticiones tanto a la Gobernación del Estado, como al Comandante de la Zona de Defensa Integral (ZODI) del Estado Mérida, a la Guardia Nacional y a la Policía del Estado, solicitando el resguardo de los espacios y patrimonio universitarios;
  • Los días lunes 6 y viernes 10 de marzo de los corrientes, un grupo de estudiantes retuvo siete (07) y seis (06)  unidades de transporte público respectivamente  y los inmovilizó en el estacionamiento de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, en protesta por la vulneración de su derecho al transporte público gratuito;
  • Durante la noche del martes 7 y la madrugada del miércoles 8 de marzo, grupos violentos procedieron a tomar los espacios de la Facultad de Farmacia y Bioanálisis, en la zona de Campo de Oro, y las Facultades de Ingeniería, Ciencias y Arquitectura, en el Núcleo La Hechicera. Estas tomas presuntamente obedecen a un rechazo a la decisión del Consejo Universitario de llevar a cabo un proceso de licitación de los comedores universitarios, con el objeto de mejorar su funcionamiento; una decisión que se tomó sobre la propuesta de representantes estudiantiles.

Durante esta toma violenta se ha evidenciado el porte de armas por parte de los delincuentes encapuchados, quienes han amenazado a representantes y dirigentes estudiantiles, así como a docentes y personal obrero de la Universidad de Los Andes, lo cual evidencia que se trata de acciones emprendidas por grupúsculos que no cuentan con el apoyo de la comunidad universitaria, especialmente de los estudiantes, quienes son los principales beneficiarios del servicio del comedor y han expresado su apoyo al proceso de licitación aprobado por el Consejo Universitario.

Vale reiterar que esta enumeración de los últimos ataques perpetrados contra nuestra Universidad, vienen a sumarse a la larga lista de hechos que reflejan la escalada de violencia iniciada hace largo tiempo ya, bajo un silencio extraño del Ejecutivo Regional y Nacional, cuyos máximos representantes no han tomado ninguna medida para impedir la consumación de delitos, ni para resguardar  la integridad y la vida de los universitarios. Es propicio recordarle a los funcionarios públicos que ejercen estos Poderes que el apartado tercero, del Artículo 7 de la Ley de Universidades, les atribuye tal responsabilidad en los siguientes términos: “Corresponde a las autoridades nacionales y locales la vigilancia de las avenidas, calles y otros sitios abiertos al libre acceso y circulación, y la protección y seguridad de los edificios y construcciones situados dentro de las áreas donde funcionen las universidades, y las demás medidas que fueren necesarias a los fines de salvaguardar y garantizar el orden público y la seguridad de las personas y de los bienes, aun cuando estos formen parte del patrimonio de la Universidad.”

Frente a este panorama, desde la Universidad de Los Andes responsabilizamos al Ejecutivo Regional y su inacción por cualquier lesión del patrimonio universitario, así como por cualquier situación lamentable que pueda ocurrir con nuestros profesores, empleados, obreros y estudiantes.

De igual manera, hacemos un llamado a toda la comunidad universitaria y merideña para que se sume a la exigencia de la restitución del orden dentro de los espacios universitarios, especialmente a gremios, asociaciones, sindicatos y federaciones, considerando que sus integrantes son los afectados y que su silencio da pie para malas interpretaciones, más aun en momentos en que la historia demanda firmeza frente a los acontecimientos.

Dado, firmado y sellado en el salón de sesiones del Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes, a los trece días del mes de marzo del año dos mil diecisiete. 

Mario Bonucci Rossini                                José María Andérez Álvarez

 Rector de la Universidad                            Secretario de la Universidad