Cardenal Porras: "Acoso permanente a la Universidad de Los Andes expresa peligrosamente una 'anti-cultura' de muerte"

En la rueda de prensa ofrecida en las instalaciones del Edificio Rectorado de la Universidad de Los Andes, el Cardenal Baltazar Porras Cardozo presentó sus reflexiones en defensa de la institucionalidad democrática en el país y manifestó su apoyo a la casa de estudios superiores, ante el constante acoso que se ha suscitado en los últimos días contra la institución andina.

En el acto realizado este lunes 29 de mayo, en horas de la mañana, el representante de la Iglesia Católica fue claro en sus mensajes dentro del cual hace énfasis sobre quienes tienen la responsabilidad pública así como el rol de los creyentes frente a la situación de Venezuela.



PALABRAS DEL CARDENAL BALTAZAR PORRAS CARDOZO

EN LA RUEDA DE PRENSA: “EN DEFENSA DE LA INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA” 

REALIZADA EN LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

MÉRIDA 29 DE MAYO DE 2017

Participo en esta rueda de prensa, manifestando la preocupación que la Conferencia Episcopal y un servidor hemos expresado de forma reiterada sobre la crisis que vive el país en general y la región andina en particular. Defender la institucionalidad democrática, es varias cosas: el cumplimiento de la ley, la conciencia de derechos y deberes y el compromiso irrestricto con la dignidad humana y la búsqueda del Bien Común. Es poner sobre la mesa la necesidad de resguardar y promover la identidad del pueblo venezolano, amante de la democracia, de la pluralidad, del respeto a las instituciones, por encima de las posturas extremas ideológicas que quieren imponernos un sistema político, unos modos de vida y unas referencias valorativas ajenos a lo que la mayoría del pueblo aspira, desea y busca, cerrándosele el cauce constitucional y de convivencia para que exprese su parecer, y así sea lograda la convivencia en paz y armonía. Está en juego, antes y más allá de toda retórica propagandística, que el poder originario reside efectivamente en el pueblo soberano, constituido por hombres y mujeres libres, como fuente, núcleo y fin de todo proyecto nacional auténtico.

Serena, pero firmemente, declaro como obispo y cardenal de la Iglesia católica que, por ser ciudadanos venezolanos, tenemos, individual y corporativamente, el derecho y el deber cívico y moral de intervenir en todos los asuntos concernientes a la nación, sin otras limitaciones que las señaladas por la ética y las leyes.

Todo proceso constituyente es válido si es concebido, diseñado y llevado a cabo como un pacto social que recoja, exprese y busque consolidar la realidad plural de una sociedad. Cuando los problemas acuciantes y más que dramáticos de la sociedad se soslayan, se dejan de lado, como si la vida y la dignidad de las personas no tuviesen ningún valor concreto y efectivo, y más aún, imperen la represión desmedida y la acusación permanente de que los únicos responsables de los males que padecemos son los “otros”, personas o instituciones, que por expresar una opinión divergente son considerados no ya opositores y adversarios, sino traidores y enemigos, todo ello es síntoma de que no vamos por buen camino. 

Si a ello se une el desconocimiento reiterativo de los órganos del poder público como es el caso de la Asamblea Nacional y ahora de la Fiscalía General de la República, y no por último menos importante, la restricción cada vez mayor a tener acceso a una información veraz y plural, entonces es poco menos que obligada la afirmación, simple y solemne a la vez, de que se está ante una falta de “auctoritas”, moral y política, para representar y convocar responsablemente al pueblo al ejercicio máximo de su poder soberano. En efecto, lo que nos ha sido presentado de manera velada e inconsulta por el ejecutivo no llena esos requisitos; es sencillamente una propuesta innecesaria y falaz, una manipulación, lo que hace que sea no sólo un engaño, un fraude, sino que estemos ante un proyecto razonablemente injustificable, éticamente ilegítimo y moralmente intolerable.

En el caso específico de nuestra región nos duelen los muertos y las familias heridas y desconsoladas, sin justificación alguna, pues son víctimas de armas asesinas que no deben usarse contra la población que hace uso del derecho de manifestar y salir a la calle. A eso se añade el ensañamiento contra la juventud, la detención de decenas de jóvenes bajo condiciones fuera del marco legal ordinario, así como la barbaridad constitucional de someterlos a la jurisdicción militar; de igual modo, es selectiva y parcial, por tanto se deslegitima por sí misma, la sentencia del TSJ sobre los tres alcaldes de Mérida, cuando a otras alcaldías del Estado debieron recibir igual trato. 

El acoso permanente a la Universidad de Los Andes expresa peligrosamente una “anti-cultura” de muerte, que trae a la memoria, parodiándola interrogativamente, aquella frase de Unamuno que recorre los tiempos: “¿venceréis?, ciertamente no convenceréis…” Todo ello expresa que quienes tienen la obligación de defender y promover a la sociedad sin distingos, están por el contrario al servicio de una parcialidad y no de la totalidad de ella. El conjunto es signo de injusticia y de inequidad, más aún, de una sociedad enferma, que se resiente de un daño antropológico.

Lo anterior nos presenta un escenario que clama al cielo y reclama un “basta ya”, una situación que no puede calificarse sino de pecado, que no favorece en nada la paz y la armonía que deben reinar en cualquier sociedad democrática. Como ciudadanos y como creyentes no podemos aceptar pasivamente esta situación.

En efecto, somos responsablemente imparciales, pero de ninguna manera neutrales. A pesar de las debilidades institucionales o individuales que puedan señalarse, procuramos actuar en nombre de la verdad, la justicia y la búsqueda de la reconciliación entre todos los venezolanos, como bases de un auténtico pluralismo ideológico, desarrollo humano integral y convivencia social pacífica y solidaria, camino hacia la paz verdadera y el reencuentro fraterno en el país.

Ante este panorama ciertamente sombrío y preocupante, no pueden tener cabida, sin embargo ni la desilusión ni la desesperanza. Tenemos la obligación, todos, absolutamente todos, de trabajar y buscar, con voluntad e ingenio, cómo salir de este marasmo. Llamar la atención a las autoridades en primer lugar, por su condición y encargo legal, para que cumplan con su función que no es, no puede ser, restringir nuestros derechos o limitar, sin razón, el uso de nuestra libertad y creatividad. 

A todos como ciudadanos y miembros de diversas instituciones, la consideración de “salud espiritual” de un obrar en forma de “no-violencia activa”, de “desobediencia civil”, el acentuar, pacífica pero responsablemente, la lucha por el respeto y cuido de los derechos fundamentales, así como la atención a los más débiles de la sociedad. 

Insistimos en la urgencia de abrir canales para la ayuda humanitaria que desde muchos frentes se nos ofrece para atender, al menos en parte, las necesidades alimentarias y de medicamentos, de los que adolece la sociedad venezolana, sobre todo los infantes, los ancianos y los enfermos.

Como ciudadanos y como creyentes, miremos por el bien común. Pidamos a Dios que todos, pero sobre todo quienes tienen responsabilidad pública, vivan más en coherencia con lo que representan, con un gran respeto a los demás, y con una gran apertura hacia quienes no piensan como ellos. Que esta jornada de defensa de la institucionalidad democrática nos sirva para construir la sociedad fraterna, solidaria y samaritana que todos anhelamos.

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