Christi Rangel profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la ULA y miembro de  Transparencia Venezuela (Foto Golfredo Lobo)

El pasado viernes 13 de octubre, justo antes de la fecha establecida por la Constitución Nacional para que se presente el Proyecto de Ley de Presupuesto para el ejercicio económico financiero del año 2018, el ministro de Finanzas, Ramón Lobo, llevó el documento ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), en vez de llevarlo ante la Asamblea Nacional (AN), el cual es el único órgano con competencia exclusiva para tal fin, según dos artículos de la Constitución.

“Queremos resaltar que esta es la segunda vez que ocurre una presentación fraudulenta o violentando la Constitución Nacional, por cuanto el presupuesto para el ejercicio económico financiero del año 2017, fue presentado por el Presidente de la República ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y aprobado por vía decreto de ley. Ese presupuesto nunca fue dado a conocer a los venezolanos y a la fecha de finalización de octubre del 2017, ningún ente público ha hecho la publicación del documento inextenso. Transparencia Venezuela logró hacerse con el documento y está publicado para el conocimiento de los venezolanos, lo cual significa que el Ejecutivo no cumple con su mandato de garantizar acceso a todo lo relativo con el patrimonio de la nación como lo establece la Ley Orgánica de Administración Financiera y la Ley Contra la Corrupción”, señaló Christi Rangel profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la ULA y miembro de  Transparencia Venezuela.

En relación con el presupuesto del año 2018, explicó la profesora Rangel que ahora no se presentó ante el TSJ sino ante la ANC y este órgano no tiene competencia en materia de discusión y aprobación del presupuesto, más aun cuando la Constitución, expresamente establece que en el caso de conformarse de forma legítima una ANC, el cual no fue el caso en esta oportunidad, solo tiene competencias exclusivas en materia de redacción de una nueva Constitución. “Estamos nuevamente frente a una violación de disposiciones constitucionales en materia del manejo del patrimonio, estamos en una situación de opacidad porque, lo lógico, según la propia norma venezolana, es que el presupuesto y todas las leyes tienen que ser discutidas antes de ser aprobadas y todos los venezolanos y las organizaciones interesadas, así como las escuelas de Economía de las universidades, deberían conocer el proyecto, hacer una valorización y luego hacer unas recomendaciones, para que sean discutidas en el seno de la Comisión de Finanzas de la AN, que es el órgano que tiene competencia para hacerlo”.

También señaló la profesora Rangel que los recursos que están allí para ser aprobados y distribuidos son de todos los venezolanos y todos deberían conocer qué es lo que va ocurrir con este dinero, cuáles van a ser las inversiones prioritarias y cuáles van a ser los sectores a atender, ya que escasamente el ministro dio a conocer el gasto del presupuesto del año 2018 y solo se refirió a que se iba a destinar el 70 por ciento en gasto social, pero esto es una cifra que no dice nada, ya que no se sabe que están llamando gasto social. “El presupuesto debe tener las variables macroeconómicas, sobre las cuales se hicieron las estimaciones de ingreso y revisar partida por partida, para saber si efectivamente el dinero debe ir a la prioridad que tiene Venezuela ahora en materia de suministro de alimentos, medicamentos, buen funcionamiento de los hospitales, así como atender las necesidades que están padeciendo los venezolanos, además el presupuesto es un instrumento de política fiscal que se tiene que coordinar con la política monetaria para poder controlar la inflación”.

Enfatizó la profesora Rangel que no es guerra económica lo que tenemos en el país sino un problema de indisciplina presupuestaria, por parte de un gobierno que no se está financiando por las vías adecuadas, sino financiándose a través de la emisión de dinero del Banco Central de Venezuela (BCV) y eso nos está empobreciendo a todos los ciudadanos, pues este financiamiento monetario provoca más inflación.

“Tampoco sabemos nada relativo a qué ocurrió con el presupuesto del año 2016, ya que el TSJ estableció, mediante dos sentencias, que el Presidente de la República no llevara su memoria y cuenta ante la AN sino ante el TSJ y los ministros tampoco presentaron su memoria y cuenta, por lo que también hay opacidad en cuanto a esto y es un problema cada vez más grave el negar un derecho humano que está establecido en el artículo 19 como lo es el Derecho de Acceso a la Información establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el cual dice que todos debemos tener derecho a conocer qué está ocurriendo con la gestión pública y nuestra Constitución también habla que Venezuela, es un país donde se debe practicar la contraloría social y todos los funcionarios están en la obligación de rendir cuentas, pero no hay manera de ejercer contraloría social si los funcionarios no rinden cuentas, niegan la información y administran los recursos de espalda a las necesidades de las personas”, dijo para concluir la profesora Rangel. Golfredo Lobo / Prensa ULA / CNP 14.293