Erradicar la corrupción exige reingeniería en justicia, contraloría y policías

Mientras los países de América Latina trabajan hacia políticas de gobierno abierto y lucha anticorrupción, en Venezuela la corrupción está institucionalizada, el gobierno domina la estructura del sistema de justicia y anula todo tipo de fiscalización y sanción. Transparencia Venezuela arroja luces sobre las áreas de mayor riesgo en esta materia, a través del registro de los casos más sobresalientes en 2017, que evidencian que “la justicia venezolana requiere una  reingeniería gigantesca”, a juicio de Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de esta organización. 

 

En la Asamblea Anual de Transparencia Venezuela 2018, en la que la organización presentó su rendición de cuentas,  Mercedes De Freitas, dio a conocer el Informe Corrupción 2017. Se trata de una selección de casos que refleja cómo funciona la opacidad, la impunidad, el control político sobre los poderes públicos que constitucionalmente deben  ser autónomos e independientes, para que puedan ejercer los contrapesos necesarios para lograr las sanciones de ley. Son irregularidades al más alto nivel  que impactan la cotidianidad de los venezolanos, deteriorando cada vez más su calidad de vida. 

 

De Freitas explicó que los casos fueron seleccionados por “el alto perfil de las personas involucradas, por el impacto político y en la vida del país en general y por los montos que estaban relacionados

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