El presente es un documento elaborado por los ex Rectores José Mendoza Angulo, Néstor López y Genry Vargas, en el que fijan posición sobre reciente sentencia de la Sala Constitucional del TSJ.

A  PROPOSITO DE LA ULTIMA SENTENCIA DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TSJ SOBRE 

LA CUESTIÓN UNIVERSITARIA

Los  Rectores eméritos de  la Universidad de Los Andes que  suscribimos este documento, conmovidos por el contenido de  la sentencia  de  la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que  tiene  su residencia  en  el  territorio  nacional,  dictada  el  27/08/2019 y  que  ha  atendido  los  requerimientos políticos  del  gobierno  central  para  la  intervención  total  de  las  Universidades Autónomas  del  país, estimamos una necesidad urgente formular los siguientes planteamientos:

1.-Cuando el régimen totalitario  establecido hace  veinte años en Venezuela se  siente desasistido por completo  de  la  opinión  pública  nacional  y  cada  vez  más  aislado  internacionalmente  del  mundo democrático, apela al  recurso de  la  fuerza, en  esta ocasióncontra la Universidad y los universitarios,justo  cuando  estos  sectores  son  reconocidos  en  todos  los  sondeos  de  opinión  como  los  mejor valorados  por  la  opinión  del país.  Nadie  debe  tener  dudas,  esta  es  la  nueva  forma  de  propiciar  la 

violencia  en  Venezuela  como  si  ya  no  fuera  suficiente  con  el  caudal  de  problemas  que  tiene  que soportar nuestra sociedad por causa  de las equivocadas políticas  oficiales y  un estilo de  gobierno que fomenta  la división y  el odio entre los venezolanos.

2.-Los  universitarios estamos obligados a responder  con  inteligencia  esta nueva provocación oficialista.  

El  liderazgo  institucional  de  la  universidad  autónoma,  los  dirigentes  de  los  gremios universitarios y todos los estudiantes, profesores y trabajadores de  la  institución estamos obligados a dar la cara. No podemos ser indiferentes ante la arremetida que se  ha montado con el auxilio del TSJ para  condenar al silencio completo a la Universidad. Necesitamos  estar  informados,  unidos y  sobre todo organizados para poder decir  presente en todo el país.

3.- Los gremios profesionales de  la República, integrados por hombres y  mujeres que  se han formado como personas capacitadas  y útiles a la Patria en la Universidad tienen  más que  decir que  una simple palabra. Reclamamos su solidaridad  que es, en este momento, la mejor forma  de  hablarle a Venezuela con contundencia  y determinación.

4.- Como esta hora no puede  ser solo de palabras, nos sentimos obligados  a recordar que, desde  las instancias de discusión de La  Tertulia  de  los  Martes,  presentamos  hace  tres  años  al  Consejo Universitario  de la Universidad  de  Los Andes, a la Academia  de Mérida  y  con destino a la Asamblea Nacional por intermedio de diputados del estado Mérida ante esa instancia un “Anteproyecto de Ley Orgánica  de la Educación Superior” en  cuyo artículo  primero  se  pauta explícitamente que “esta  Ley tiene  por  objeto establecer las bases generales  de la  organización, funcionamiento, modernización y evaluación  del  Sistema  Venezolano  de Educación  Superior (SIVES);  los  fundamentos  conforme  a  los cuales se  determinan los aportes  de  recursos  financieros  por  parte  del  Estado y  de  la Sociedad  para que  el sistema cumpla sus  fines, y  los criterios para interpretar y aplicar el principio de la autonomía universitaria previsto  en  el  texto  constitucional”. 

Allí  está  una  propuesta concreta  para  superar  de manera racional los problemas de  la educación superior y  la oportunidad  para que el único organismo nacional plenamente legítimo existente  en  el  país  como  lo  es  la  Asamblea  Nacional  de  Venezuela empiece  el laborioso proceso que nos espera de reconstrucción de  la República.

5.- Esta  nueva  amenaza  contra  la  autonomía  universitaria  no  es  un  problema  que  concierne exclusivamente a los universitarios. En realidad es  la cara universitaria  de un asunto político frente al cual las direcciones de las fuerzas democráticas están obligadas  a pronunciarse. Además por una razón de  enorme  trascendencia política.  El  Gobierno  totalitario  que  ha  diseñado  y ejecutado  un  plan  para hacer  de  las  consultas  electorales manipuladas  una  sofisticada  forma  de  engañar  incautos,  con  la decisión  de  la  Sala  Constitucional  del  TSJ  de  aparentar  la regularización  institucional de  la  vida universitaria, ha organizado una verdadera  trampa electoral  que  es  preciso  desmontar. 

Por compartir su  contenido recomendamos la lectura de  la opinión del doctor Manuel  Rachadel (antiguo Consultor Jurídico de la UCV y del Consejo Nacional de Universidades) sobre  la sentencia de la Sala Constitucional  para entender la corrupta trama electoral  que  se ha montado justo cuando el gobierno está armando otro asalto a la democracia con el anuncio de  adelantar las elecciones de  la Asamblea Nacional, tal y como lo hicieron en  el 2018 con las votaciones para la Presidencia de  la República.

Mérida,  29 de  agosto de 2019

José Mendoza Angulo

Néstor López Rodríguez

Genry Vargas Contreras