Este jueves 5 de septiembre de 2019 se realizó la sesión extraordinaria del Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes (ULA), convocada para debatir la naturaleza y consecuencias de la sentencia que el pasado 27 de agosto de los corrientes, dictó por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que asiste al régimen de Nicolás Maduro, y la cual ordena a la Universidad Central de Venezuela (UCV) hacer elecciones en un plazo no mayor de 6 meses, y al Concejo Nacional de Universidades (CNU) organizar el cronograma electoral del resto de las Universidades Autónomas. Esta sesión estuvo acompañada de una nutrida representación de gremios, estudiantes y diversos sectores.

Sentencia y contradicciones  

El rector de la ULA, Mario Bonucci,  ofreció una exposición inicial sobre la incidencia de la sentencia de la referida Sala Constitucional del TSJ,  que a su parecer está plagada de contradicciones. "Declara con lugar el recurso de nulidad de la LOE interpuesta por la UCV y respaldado por  la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios para la realización de elecciones universitarias acorde al artículo 109 de la actual Ley de Universidades, anula varios artículos para imponer un mecanismo distinto de elección y, además, omite el artículo 30 que refleja la vigencia a la Ley de Universidad".       

Refirió también: "Tomando en cuenta el universo de la comunidad universitaria de la ULA, y acorde a lo que el TSJ impone,  serían unas elecciones universitarias con más de 104 mil personas. Esto tiene un altísimo costo para su organización en 6 meses, y ahorita la Comisión Electoral de la ULA no cuenta con una laptop, ni una resma de papel".  

La autoridad ulandina fue enfático al respecto: "Si queremos elecciones, pero conforme al artículo 109 de la actual Ley de Universidades. Rechazamos elecciones con una LOE oficialista derogada hasta por el propio Hugo Chávez"*

Exrectores presentes

El CU concedió una intervención al profesor Genry Vargas en nombre de todos los exrectores de la ULA para dar su enfoque sobre la sentencia del TSJ, considerada por factores nacionales e internacionales como ilegítimo.  "La sentencia no reviste un problema jurídico, sino que es un problema político"   "Por tal razón no se puede obviar ni una sola estrategia en este escenario…”  “Deben activarse equipos especialistas de estrategias en cada ámbito que aparten las posiciones contradictorias y refuerce la unidad como un gran bloque para el rescate de la libertad y la salvación de la universidad venezolana"

Gremios y lo fundamental

Virgilio Castillo, presidente de la Asociación de Profesores de la ULA (APULA) y en representación del gremio profesoral, detalló la debacle académica y de sustento de los universitarios, generada por el actual régimen en connivencia con voceros universitarios oficialistas. "Es fundamental defender a toda costa la autonomía universitaria, así como conectarnos a una acción nacional"

En su intervención, Mayda Hoçevar, coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos de la ULA (ODH-ULA) reiteró que: "La Comisión Interamericana de los DDHH, está absolutamente informada de las violaciones a la libertad académica que se suscitan en Venezuela, mediante documentación debidamente registrada"

La intervenciones de Dionis Dávila (Siprula) y Maydole Villegas (Aeula) se enfilaron a que unas elecciones unversitarias se deben regir por la actual ley de universidades y nunca por imposiciones que violentan la autonomía universitaria.

La representación de profesores jubilados, y de las distintas agrupaciones y movimientos estudiantiles, demostraron en sus intervenciones están aglutinados en la idea de defensa de la universidad y la activación de un plan de discusión del tema a lo largo y ancho de la comunidad universitaria.

Tras el debate de mas de tres horas, se aprobaron muchas propuestas entre as cuales destacamos:

1. Debido a la misma naturaleza autonómica de la Universidad de Los Andes, es imprescindible contribuir doctrinariamemte, por tal es necesario elaborar un remitido en el que se evidencie los aspectos antijurídicos de la sentencia y su naturaleza política, puesto que por todos los elementos  analizado se concluye que tal sentencia fue ordenada por quienes conforman el Poder Ejecutivo. En este remitido debe quedar claro que quieren elecciones, lo más pronto posible, pero con un reglamento elaborado por la misma Universidad en términos de lo dispuesto en el artículo 109 Constitucional. 

También debe quedar taxativamente claro que debe haber elecciones en todas las Universidades del país, tanto en las autónomas tradicionales como en las experimentales. 

En este documento debe reflejar la exigencia al Consejo Nacional de Universidades de ajustarse a derecho y a realizar las elecciones correspondientes de los representantes profesorales y estudiantiles de ese cuerpo, cuyo período esta vencido desde hace mucho tiempo.

Comisión que redactará el remitido quedó comformada por: Juan Carlos Rivero, Virgilio Castillo, Genry Vargas (Coordinador de la Comisión), Carmen Rincón y Dionis Dávila, 

2.  Acoger el documento presentado por los Ex Rectores y el Rector 

3.  Exhortar a que cada uno de los sectores que define la sentencia emitan su propia opinión de tal forma que más adelante se pueda conformar, en término de las coincidencias, de un frente de defensa universitaria, tanto a escala nacional como local. 

4. Que este frente elabore un plan de acciones que defiendan el carácter autonómico de las universidades, y que coloque la sentencia en su justo lugar: es una decisión abiertamente política.

5.  Que este Consejo Universitario, por conducto de su rector, y estando aún en receso, llame a la participación de todos los ulandinos en todas las acciones que organicen los gremios y otras organizaciones tales como los colegios profesionales, movimientos estudiantiles, entre otros.

6. Solicitar a la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, el diseño de un plan nacional de actividades en defensa de la Universidad, junto con las federaciones de gremios.

7. Aprobar el informe presentado por el Servicio Jurídico, en consecuencia, como Universidad de Los Andes debemos ejercer oposición a la sentencia en el momento jurídico correspondiente, es decir a partir de la correspondiente notificación formal. De esta actividad se encargará el Servicio Jurídico.

8. Solicitar al Observatorio de Derechos Humanos elaborar el informe pertinente y hacer la denuncia ante los órganos correspondientes, tanto en el ambito nacional como internacional.

9. Que el Servicio Jurídico junto al Observatorio de Derechos Humanos (ULA) haga la denuncia correspondiente a la Organización de Estados Americanos (OEA) y ante la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU. De igual manera, debido a la violación de los derechos humanos que producirá daños irreparables, debe hacerse la denuncia ante la Corte Penal Internacional. En esta denuncia debe incorporarse la persecución contra los miembros de la comunidad universitaria.

10. Designar una comisión del Consejo Universitario que elabore un reglamento electoral a la luz de la discusión que se esté dando en el país, de forma que de manera expedita se pueda realizar las elecciones suspendidas por el mismo TSJ. Que este reglamento sea sometido a la consideración del claustro universitario que establece la ley de Universidades, con el objeto de otorgar más legitimidad.

Comisión redactora  fue integrada según decisión de los miembros del CU presentes y vía online. La conforman: Rector, Un representante del Servicio Jurídico, Virgilio Castillo, Anyeli Tamayo, Pedro Montilla, Aura Morillo, Jim Morantes, Un representante de los exrectores, Miriam Cala, Un representante de la Comisión electoral, Argimiro Castillo, Dionis Dávila.

11. Organizar un Consejo Universitario ampliado en el aula Magna, con la participación de toda la comunidad universitaria el día jueves 26 de septiembre. Organiza la actividad la Secretaría de la ULA, y en la convocatoria deben participar todos los Decanos y demás miembros del CU, todos los gremios y todas las dependencias centrales. Se debe invitar además a todas las fuerzas vivas del Estado, a los partidos políticos, a la sociedad civil activa, a los egresados, colegios profesionales y los medios de comunicación, entre otros. Una actividad similar deberá organizarse en los núcleos de la Universidad.

12. Solicitar a la Asamblea Nacional (AN) que emita opinión y a la vez tome las acciones que le corresponde para hacer respetar las competencias que le asigna la Constitución.

13. Solicitar a la Asamblea Nacional (AN) la designación de los dos miembros al Consejo Nacional de Universidades, que ya tienen el tiempo vencido.

Se reiteró estar atento a cualquier llamado necesario para las debidas acciones de la comunidad universitaria ante esta nueva arremetida contra la universidad y la propia Constitución.