Silencio absoluto. Esa es la respuesta que Transparencia Venezuela ha recibido de los ministerios, empresas públicas e institutos autónomos a los que en los últimos meses les solicitó información sobre el estado de las obras que le adjudicaron a la constructora brasileña Odebrecht en la última década. 

La Contraloría General de la República, organismo encargado de velar por el buen uso de los fondos públicos, y la Procuraduría General de la República, responsable de defender los intereses patrimoniales del Estado, tampoco respondieron a las peticiones de información que la organización encargada de combatir la corrupción le formuló para conocer sobre la situación de las 16 grandes obras de infraestructura que le fueron encargadas a la empresa, luego  señalada de pagar sobornos a funcionarios de distintos países, incluidos venezolanos, para obtener contratos mil millonarios. 

Entre abril y mayo, Transparencia dirigió cartas a los ministerios del Transporte Terrestre, Energía y Petróleo, Energía Eléctrica, Metro de Caracas, Metro de Los Teques, Aeropuerto Internacional de Maiquetía y Petróleos de Venezuela (Pdvsa), entre otros, para obtener copia de los expedientes de contratación y así saber si los contratos que suscribieron con Odebrecht se habían ejecutado y cuál era el avance de las obras. 

La organización también le pidió al contralor, Manuel Galindo, y al procurador encargado, Reinaldo Muñoz, que informaran las gestiones adelantadas para asegurar que las arcas públicas fueran reparadas por el incumplimiento de los contratos.